El ciudadano tanzano Ahmed Khalfan Ghailani, que ha permanecido detenido sin cargos durante cinco años, dos de ellos en lugares que no se han dado a conocer, se enfrenta a juicio ante una corte federal estadounidense. El juez ha ordenado al gobierno que comunique a la corte antes del 13 de octubre si va a pedir la pena de muerte para él.
Ahmed Ghailani fue detenido el 25 de julio de 2004 por la policía paquistaní en Gujarat, Pakistán. En agosto fue entregado a agentes estadounidenses y durante los dos años siguientes permaneció recluido en detención secreta por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). En septiembre de 2006 lo trasladaron a la base naval estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, donde fue recluido bajo custodia militar en régimen de aislamiento. En 2008 fue acusado para ser juzgado ante una comisión militar. La administración del ex presidente Bush pretendía pedir la pena de muerte para él, pero en octubre de 2008 la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares rechazó esta posibilidad y estimó que los cargos por los que debía ser juzgado no eran punibles con la pena capital.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el 21 de mayo que Ahmed Ghailani sería juzgado ante una corte federal con arreglo al acta de acusación formal pendiente contra él en la corte federal de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York desde marzo de 2001. El 9 de junio de 2009 fue trasladado desde Guantánamo a Nueva York. Se lo acusa de participar en los atentados con explosivos de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, en los que murieron más de 200 personas y muchas otras resultaron heridas. En una vista que tuvo lugar ante la corte federal de primera instancia el día que fue trasladado desde Guantánamo, el acusado se declaró inocente.
En una carta remitida al juez encargado del caso el 26 de junio, la Oficina del Fiscal para el Distrito Sur de Nueva York afirmó que el rechazo previo de la pena de muerte en la causa ante la comisión militar "influiría en el análisis sobre si pedirla o no" en este juicio federal, pero "no podemos apoyarnos en la decisión de no pedirla de los militares [ …] en lugar de seguir nuestro propio proceso". También afirmó que enviaría su recomendación al Departamento de Justicia en el plazo de 81 días y que esperaba obtener una respuesta de éste "en el plazo de 30 días a partir del envío de nuestra recomendación". El 2 de julio, el juez ordenó a la fiscalía que hiciera constar su intención de pedir la pena de muerte antes del 13 de octubre. El juez fijó la fecha para el comienzo del juicio en el 13 de septiembre de 2010.ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en inglés o en su propio idioma:
- Aplaudiendo el hecho de que el gobierno estadounidense haya puesto fin a la detención indefinida sin cargos de Ahmed Khalfan Ghailani y que haya recurrido a una corte federal ordinaria para llevar a cabo el juicio.
- Urgiendo a las autoridades a no pedir la pena de muerte para Ahmed Ghailani bajo ninguna circunstancia, haciendo notar el creciente aislamiento de Estados Unidos en este asunto de derechos humanos fundamentales.
- Recordando a las autoridades su obligación de no admitir, ni en éste ni en ningún otro procedimiento, información obtenida en condiciones de detención o mediante técnicas de interrogación que violen la prohibición internacional de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (excepto para probar que ese trato ilegítimo tuvo lugar).
- Instando a las autoridades a que ordenen una investigación completa sobre la desaparición forzada de Ahmed Ghailani y a que garanticen su derecho a un recurso efectivo contra las violaciones de derechos humanos que sufrió bajo custodia estadounidense.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS ANTES DE octubre de 2009 A:Fiscal GeneralAttorney General Eric HolderUS Department of Justice950 Pennsylvania NW,Washington, DC 20530-0001, EE UUFax: +1 202 307 6777Correo-e: AskDOJ@usdoj.govTratamiento: Señor Fiscal General / Dear Attorney GeneralFiscal del Distrito de Nueva York
Fiscal Lev L. Dassin,Acting United States AttorneySouthern District of New YorkOne Saint Andrew's Plaza,New York, NY 10007, EE UUFax: +1 212 637 2390Tratamiento: Señor Fiscal / Dear US Attorney DassinCopia a:Secretaria de EstadoSecretary of State Hillary R. ClintonUS Department of State2201 C Street, N.W.,Washington DC 20520, EE UUFax: + 1 202 261 8577Correo-e: secretary@state.govTratamiento: Señora Secretaria de Estado / Dear Secretary of State
Información complementariaAmnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin condiciones. La mayoría de los países del mundo han abolido el homicidio judicial en la ley o en la práctica. La comunidad internacional ha excluido la pena de muerte de las condenas que pueden imponer los tribunales internacionales, incluso para los peores crímenes como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos, al seguir recurriendo a la pena de muerte, va en contra de esta tendencia mundial y de la perspectiva abolicionista de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) protege el derecho a la vida y establece que nadie podrá ser privado de ella arbitrariamente. Aún propugnando la abolición de la pena de muerte, el artículo 6 también busca garantizar que los países que siguen aplicando la pena capital no la imponen de un modo contrario a las disposiciones del Convenio.
El artículo del PIDCP exige al Estado parte que garantice que toda persona cuyos derechos reconocidos en virtud del Convenio hayan sido violados "podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales". El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho notar que la reparación debe incluir "el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos". De hecho, si un gobierno no garantiza investigaciones exhaustivas, eficaces, imparciales e independientes, o no lleva a los responsables ante la justicia, puede estar incurriendo en nuevas violaciones del PIDCP. El Comité ha insistido en que "estas obligaciones existen concretamente en relación con las infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en la legislación nacional, entre ellos la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) [ …] y las desapariciones forzosas (arts. 7 y 9)".
Ahmed Ghailani fue sometido a desaparición forzada, un delito en virtud del derecho internacional, durante los dos años que permaneció bajo custodia de la CIA. En centros de detención secretos en lugares que no se han dado a conocer, permaneció recluido en régimen de incomunicación. Amnistía Internacional desconoce a qué técnicas de interrogatorio fue sometido bajo custodia de la CIA, en unas condiciones de detención que por sí mismas violaban la prohibición de tortura u otros malos tratos. En cualquier caso, nadie ha rendido cuentas por las violaciones de derechos humanos que se autorizaron y utilizaron en el programa de la CIA. El presidente Barack Obama y otros funcionarios de su gobierno han declarado que ningún miembro del personal de la CIA que utilizase técnicas de interrogatorio autorizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos será procesado. En esas circunstancias, la crueldad de una condena a muerte se sumaría al trato sufrido anteriormente por el preso y a la ausencia de recurso efectivo o rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos a las que fue sometido.
Ahmed Ghailani fue inculpado por primera vez en diciembre de 1998 por su presunta participación en el atentado con bomba contra la embajada estadounidense en Dar es Salam el 7 de agosto de 1998. En un acta de acusación formal emitida el 12 de marzo de 2001 en sustitución de la primera, fue acusado de participar en el ataque con explosivos a la embajada en Nairobi, también el 7 de agosto de 1998, y de presunta participación en una conspiración más amplia con la organización Al Qaeda.
Aunque Amnistía Internacional continuará urgiendo a Estados Unidos a no utilizar la pena de muerte contra Ahmed Ghailani, o cualquier otra persona, la organización considera que su traslado a la custodia civil es un paso positivo, aunque tardío, que debe repetirse sin dilación en cualquier caso en que el gobierno pretenda enjuiciar a un detenido de Guantánamo. Hasta la fecha, Ahmed Ghailani es el único preso de Guantánamo que ha sido acusado por la nueva administración. Unos 229 detenidos permanecen en Guantánamo. Estados Unidos debe abandonar las comisiones militares y liberar a todos los detenidos a los que no acuse sin demora para que sean juzgados ante un tribunal federal.