Dos días después de ser desalojada de sus tierras ancestrales, la comunidad de Laranjeira Ñanderu se enfrenta a nuevas penalidades después de que los granjeros hayan quemado sus casas y destruido las pertenencias que las familias guaraní kaiowá tenían intención de recoger más tarde.

Treinta y cinco familias guaraní kaiowá de la comunidad de Laranjeira Ñanderu, entre las que se encuentran unos 60 niños, fueron desalojadas el 9 de septiembre. Las familias habían reocupado sus tierras ancestrales en 2007. Ahora están acampadas junto a la carretera B-169, en el municipio de Rio Brilhante, estado de Mato Grosso do Sul, en condiciones extremadamente precarias, sin alimentos, agua corriente ni cobijo adecuado. La policía federal que supervisó el desalojo dijo al propietario que las familias regresarían a recoger sus pertenencias, incluidos los tejados de paja que necesitaban para reconstruir sus chozas junto a la carretera. El propietario de la tierra impidió a las familias regresar a las tierras para recoger sus pertenencias, y luego, dos días después, quemó sus casas y las pertenencias que allí había.

Sin los tejados de paja, la comunidad vive ahora en chozas cubiertas por láminas de plástico negro, con temperaturas que superan los 30 grados durante el día. Tres de sus miembros han enfermado desde entonces, ya que no tienen donde refugiarse del calor.

El dirigente comunitario José Almeida ha declarado que, desde el desalojo, la comunidad ha sido intimidada por granjeros locales, que pasan con sus vehículos a gran velocidad por la carretera junto a su campamento de noche, dirigiendo sus luces hacia sus chozas. También ha manifestado que a la comunidad se le ha impedido abastecerse de agua de una fuente cercana a la granja. La comunidad ha presentado una denuncia oficial ante los fiscales federales.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en portugués o en su propio idioma:

• pidiendo a las autoridades que investiguen exhaustivamente la destrucción de los bienes de la comunidad Laranjeira Ñanderu y la intimidación de que está siendo objeto;
• pidiendo a las autoridades que garanticen que la comunidad cuenta con seguridad adecuada, comida, agua y cobijo mientras permanece acampada junto a la carretera;
• instando a las autoridades a cumplir con sus obligaciones en virtud del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución de Brasil llevando a cabo todas las demarcaciones de tierras que aún están pendientes.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS ANTES DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2009 A: Ministro Federal de JusticiaExmo. Sr. Tarso GenroEsplanada dos Ministérios, Bloco "T" 70712-902 - Brasília/DF BrasilFax: + 55 61 3322 6817 + 55 61 3224 3398Tratamiento: Exmo. Sr. Ministro

Secretaría de Derechos HumanosSecretaria Especial de Direitos HumanosExmo. Secretário Especial Sr. Paulo de Tarso Vannuchi Esplanada dos Ministérios - Bloco "T" - 4º andar, 70064-900 - Brasília/DF BrasilFax: + 55 61 3226 7980Tratamiento: Exmo. Sr. Secretário

Y COPIA A:Conselho Indigenista Missionário, (CIMI - local NGO)CIMI Regional Mato Grosso do SulAv. Afonso Pena, 1557 Sala 208 Bl.B79002-070 Campo Grande/MS BRASILINFORMACIÓN ADICIONALEl estado de Mato Grosso do Sul tiene una de las zonas indígenas más pequeñas, pobres y densamente pobladas de Brasil: bolsas rurales de pobreza rodeadas por grandes plantaciones de soja y azúcar y por ranchos de ganado, plagadas de enfermedades y con unas condiciones de vida miserables. Unos 60.000 indígenas guaraní kaiowá viven una existencia precaria, pues la descomposición social ha provocado elevados niveles de violencia, suicidio y desnutrición. Frustrados por la lentitud del proceso de demarcación de tierras, los indígenas guaraní kaiowá han comenzado a reocupar tierras ancestrales, pero han sido víctimas de intimidaciones y desalojos violentos.

En noviembre de 2007, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía Federal, la FUNAI y 23 jefes indígenas firmaron un acuerdo (Termo de Ajustamento de Conduta, TAC) por el que la FUNAI se comprometía a identificar para su entrega 36 tierras ancestrales guaraní kaiowá, entre ellas la de Laranjeira Ñanderu, hasta abril de 2010. El gobierno del estado y el grupo de presión de los propietarios de explotaciones agropecuarias se opusieron vehementemente al acuerdo. Tras firmarse éste, el gobernador del estado, André Puccinelli, amenazó con no cumplirlo y el subgobernador en funciones, Jerson Domingos, empeoró la situación pronosticando que el proceso conduciría inevitablemente a un "baño de sangre" entre la policía, los indígenas y los propietarios de tierras. Los propietarios de las explotaciones agropecuarias locales se han opuesto al proceso, exagerando en los medios de comunicación la cantidad de tierras que podrían identificarse como indígenas e intentando reiteradamente bloquear el proceso por vía judicial. Actualmente, el Tribunal Regional Federal está estudiando más de 80 recursos sobre las tierras indígenas en Mato Grosso do Sul.

Desde la reocupación de sus tierras ancestrales, la comunidad de Laranjeira Ñanderu ha sobrevivido sobre todo gracias a los paquetes de alimentos proporcionados por la FUNAI. Las tierras en las que están, rodeadas de plantaciones de azúcar y maíz, son vigiladas constantemente por guardias de seguridad privados contratados por los terratenientes, que les prohíben plantar sus alimentos. Ilda Barbosa da Almeida, una de las indígenas del poblado, informó a la CIMI, organización católica que trabaja en favor de los pueblos indígenas, de que dos niños habían muerto en la comunidad al impedir los guardias de seguridad privados el acceso a los trabajadores de salud del gobierno federal. Durante este tiempo, además, ha habido tres suicidios en la comunidad.

La orden de desalojo inicial contra la comunidad Laranjeira Ñanderu quedó en suspenso hasta que la FUNAI elaborara un informe sobre la legitimidad de sus reclamaciones. Sin embargo, la oposición del propietario de las tierras y del grupo de presión de propietarios de explotaciones agropecuarias hasta ahora ha impedido a la FUNAI realizar el trabajo necesario para redactar el informe. En julio de 2009, el organismo de explotaciones agropecuarias, Farmasul, ganó el recurso presentado ante el Tribunal Regional Federal y logró suspender todos los estudios antropológicos de tierras indígenas, incluidas las de la comunidad Laranjeira Ñanderu. Aunque esta decisión fue anulada en agosto, y los estudios están a punto de iniciarse de nuevo, los Laranjeira Ñanderu fueron desalojados.Debido a la tardanza en resolver las reclamaciones sobre la tierra pendientes, otras comunidades guaraní kaiowá han acabado viviendo junto a carreteras, expuestas a amenazas de los guardias de seguridad contratados para evitar que traten de volver a ocupar las tierras y a problemas de salud debidos a la vida en refugios temporales inadecuados y a falta de atención médica. Además, muchos integrantes de estas comunidades han muerto o han resultado heridos en accidentes de tráfico.Tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada por Brasil en 2007, como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales (Convenio 169 de la OIT), en el que Brasil es Estado Parte, consagran los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y piden a los Estados que establezcan mecanismos mediante los cuales puedan dirimirse y reconocerse estos derechos. La Constitución de Brasil (1988) afirma también los derechos de los pueblos indígenas de Brasil a sus tierras, y la responsabilidad del Estado de demarcarlas.