Imagina que llevas en tu vientre un bebé durante semanas o incluso meses: lo sientes crecer, dar patadas, tener hipo, girarse... y luego sufres un aborto o el bebé nace muerto.

Para Teodora Vásquez, al igual que para muchos miles de personas en todo el mundo cada año, esta es una realidad profundamente dolorosa. Sin embargo, Teodora, de 37 años, sufre un doble suplicio: el del dolor producido por la pérdida de un embarazo, y el tormento de ser encarcelada por el asesinato de su hija.

En 2007, Teodora dio a luz a una niña muerta y, pese a que apenas había pruebas, fue condenada por “homicidio agravado”. La semana pasada, un tribunal de El Salvador confirmó su condena a 30 años de prisión.

Teodora cuenta que estaba en el trabajo cuando empezó a sufrir un dolor intenso y comenzó a sangrar. Llamó a una ambulancia y, poco después, se desmayó. Según su relato, cuando recuperó la conciencia se encontró rodeada de policías que la acusaban de haber asesinado a su hija induciéndose un aborto.

Desde su juicio inicial, enturbiado por irregularidades, ha pasado casi un decenio en la cárcel. Ahora cumplirá otros 20 años más, después de que el tribunal haya rechazado su apelación alegando que seguirá basándose en la conclusión de la autopsia ordenada por el gobierno, según la cual la niña nació viva y luego fue asfixiada. Teodora y sus abogados insisten en que ella dio a luz a una niña muerta, y afirman que los datos científicos no se han analizado a fondo.

El de Teodora no es un caso aislado. Las leyes del país siguen castigando a las mujeres y las niñas que sufren complicaciones médicas durante el embarazo. En 1998 se introdujo en el Código Penal de El Salvador la prohibición total del aborto, incluso en casos de violación, incesto, peligro para la vida o la salud de la mujer o malformación grave y mortal del feto. Este cambio en la legislación también ha dado lugar a procesamientos erróneos de mujeres, a las que se supone inmediatamente culpables de asesinato o de aborto cuando sufren un aborto espontáneo o tienen un bebé muerto.

Las penas son graves, y oscilan de dos a ocho años de prisión tanto para las mujeres que abortan como para quienes las ayuden, y existen condenas más largas, de entre seis y doce años, para profesionales de la salud. En los casos más extremos, se ha encarcelado a mujeres como Teodora acusadas de homicidio agravado, delito que conlleva una pena de hasta 50 años de prisión.

Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, con sede en El Salvador, 129 mujeres fueron procesadas en el país por delitos relacionados con el aborto entre los años 2000 y 2011.

Teodora es sólo una más de las 17 mujeres que, entre 1999 y 2011, fueron condenadas a hasta 40 años de cárcel, la mayoría por cargos de homicidio agravado, tras haber sufrido un aborto o haber dado a luz un bebé muerto. No se dispone de estadísticas oficiales, pero Amnistía calcula que al menos otras cinco mujeres más están a la espera de que se dicte sentencia por cargos similares relacionados con el embarazo en el país.

Las mujeres salvadoreñas más adineradas pueden pagar atención médica privada o buscarla en el extranjero, pero las que tienen menos recursos económicos se ven especialmente afectadas por la prohibición. Lo más frecuente es que las víctimas de la ley sean pacientes de hospitales públicos del país cuyo personal médico, ante el temor al procesamiento, llama a la policía cuando una mujer llega con dolores.

Y El Salvador no es en absoluto el único país en el que se encarcela a mujeres por complicaciones del embarazo. En Argentina, una mujer conocida únicamente como Belén fue condenada a ocho años por asesinato con agravantes tras haber sufrido un aborto en 2016. Fue absuelta en apelación por un tribunal regional superior en 2017.

En Estados Unidos, un estudio llevado a cabo en 2013 por la organización National Advocates for Pregnant Women sacó a la luz una serie de casos de mujeres embarazadas que habían sido detenidas y recluidas por complicaciones sufridas durante el embarazo, incluidos abortos espontáneos. Las más afectadas eran las mujeres con ingresos bajos y las afroamericanas. El informe concluyó que a las mujeres se les habían negado numerosos derechos humanos exclusivamente por el hecho de estar embarazadas.

Las leyes restrictivas e inflexibles sobre el aborto están arrebatando también a las mujeres embarazadas su propia vida. El informe de Amnistía Criminalising Pregnancy, publicado este año, concluyó que las leyes estadounidenses dirigidas a proteger a los fetos frente al consumo de drogas pueden poner de hecho en peligro tanto a la madre como al bebé. El temor a ser procesadas o a perder la custodia disuade a muchas mujeres embarazadas que consumen narcóticos de acudir al hospital cuando lo necesitan.

Y muchas mujeres corren peligro por la manera en que las rígidas leyes sobre el aborto afectan a la toma de decisiones médicas. En julio de 2012, Rosaura Almonte, de 16 años, ingresó en un hospital de República Dominicana. Allí le diagnosticaron leucemia y le dijeron que necesitaba tratamiento médico urgente para salvarle la vida. Pero había un problema: Rosaura estaba embarazada de siete semanas y la quimioterapia que necesitaba afectaría, casi con toda seguridad, al feto.

Puesto que el aborto es ilegal en República Dominicana, los médicos tardaron 20 días en decidir qué hacer antes de administrar a Rosaura la quimioterapia que necesitaba desesperadamente. Esos 20 días resultaron ser demasiado, y la joven murió al mes siguiente de un shock hipovolémico —una complicación que se produce cuando el volumen de sangre disminuye—, y se convirtió así en una víctima más de las crueles leyes que impiden tomar decisiones médicas firmes y rápidas.

Los problemas que rodean la restricción de los derechos reproductivos los podemos encontrar también más cerca. En Irlanda, donde el aborto es ilegal en todas las circunstancias salvo cuando la vida de la madre corre peligro, surgen dificultades similares.

El personal médico, cuando se encuentra con madres que necesitan tratamiento médico que podría afectar a su bebé, se ve en la difícil situación de que se considere que ha infringido la ley, o de no actuar de acuerdo con el interés superior de su paciente. A menudo esperan hasta que una mujer corre grave peligro antes de interrumpir el embarazo, y con ello ponen innecesariamente la vida de la mujer en un peligro aún mayor. Y si una mujer está embarazada de un feto que no tiene probabilidades de sobrevivir, se ve obligada a llevar a término ese embarazo: una experiencia traumática para la mujer, que puede estar ya luchando contra una pérdida devastadora.

Por su parte, a pesar de formar parte de Reino Unido, Irlanda del Norte cuenta con algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, que acarrean las penas más duras de Europa. Allí el aborto es ilegal en prácticamente todas las circunstancias, y las mujeres pueden hasta pasar su vida en prisión por abortar.

Simplemente no se puede permitir que sigan produciéndose esos casos tan trágicos. Las mujeres de todo el mundo son el centro de una batalla política y cultural en torno a los derechos sexuales y reproductivos, y la ley en muchos casos da prioridad a la ideología por encima de los derechos humanos.

Las mujeres y las niñas son tratadas como meros recipientes portadores de bebés, en lugar de como seres humanos con derechos.

En 1994, 179 gobiernos firmaron el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, con lo que se comprometieron a prevenir los abortos inseguros. Y, aunque más de 30 países han relajado sus leyes sobre el aborto, hay algunos que, de hecho, las han endurecido. En la práctica, la mayoría de los países de África, Latinoamérica, Oriente Medio y el sureste asiático siguen aplicando leyes de aborto opresivas.

Amnistía cree firmemente que, seas quien seas, y vivas donde vivas, todas las decisiones que afecten a tu cuerpo deberían ser tuyas. La prohibición total del aborto en El Salvador. al igual que las leyes similares de otros países, constituye una grave violación de derechos humanos y debe ser revocada urgentemente.

Los países de todo el mundo tienen la obligación legal de respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las mujeres embarazadas, sean cuales sean sus circunstancias o elecciones.

¿Cuántas mujeres más deben sufrir —a menudo en silencio— o temer por su vida simplemente porque padecen complicaciones durante el embarazo? Por desgracia, parece que posiblemente muchas, muchas más tendrán que hacerlo antes de que las leyes se deroguen.