El espantoso asesinato de una mujer transgénero en la República Dominicana —el segundo homicidio de esta clase este año y el 38º desde 2006— pone de relieve la violencia extrema a la que están expuestas muchas mujeres trans del país y la necesidad de que se refuerce la protección legal a los grupos discriminados, ha declarado Amnistía Internacional.

“El absurdo asesinato de Jessica Rubi Mori es un trágico recordatorio de que las autoridades dominicanas deben tomar medidas más firmes para erradicar la discriminación, incluida la basada en la identidad de género y la orientación sexual”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El cadáver de Jessica Rubi Mori (cuyo nombre legal era Elvis Guerrero), trabajadora sexual transgénero y activista de la organización comunitaria Este Amor, fue encontrado descuartizado el 3 de junio de 2017 en un terreno baldío del municipio de Higüey, en el este del país. Los medios de comunicación han informado de la detención de un sospechoso.

Según Cristian King, director ejecutivo de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), hasta la fecha sólo han sido declaradas culpables cuatro personas en los 38 casos de homicidio de mujeres transgénero que ha documentado la organización desde 2006. King dijo a Amnistía Internacional que su organización trabaja en estrecha colaboración con la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República en casos recientes.

Hace varias semanas se dictó una condena a 20 años de prisión por el homicidio de otra mujer transgénero, Kimberly Sody, cometido en 2014.

Las organizaciones LGBTI dominicanas llevan tiempo pidiendo una ley sobre identidad de género para proteger los derechos de las personas transgénero. El año pasado se elaboró una propuesta de Ley Antidiscriminación para abordar la arraigada e histórica discriminación que afecta a numerosos grupos del país, sobre todo la basada en la identidad de género, la orientación sexual y la etnia, entre otras categorías. El proyecto de ley aún no ha sido presentado al Parlamento.

“Las autoridades dominicanas deben seguir trabajando con los grupos de la sociedad civil para dar efecto a estas propuestas. Este crimen debe investigarse de forma independiente e imparcial. Las autoridades deben tomar todas las medidas necesarias para descubrir cualquier motivación potencialmente discriminatoria del crimen.”

Según un estudio de la coalición Comunidades Vulnerables del Caribe (CVC) publicado en 2012, en la República Dominicana menos del 35% de trabajadoras sexuales transgénero han terminado la enseñanza secundaria. Expulsadas de la educación, muchas empiezan a ejercer el comercio sexual con tan sólo 16 años. Esta exclusión social temprana las lleva a la pobreza y a sufrir más violencia. Las personas transgénero suelen verse empujadas a hacer trabajos tipificados como delito, como el trabajo sexual, lo que las expone más aún a sufrir abusos policiales y detenciones arbitrarias.

El estudio halló asimismo que el 80% de las personas transgénero que ejercen el trabajo sexual consideraba que estaban más discriminadas por ser trans que por ser trabajadores sexuales. Más del 35% de las personas transgénero que se dedican al trabajo sexual había sufrido violencia física mientras caminaban por la calle, más del 40% la había sufrido de manos de sus clientes y más del 20%, de su pareja. El 80% habían sido arrestadas o detenidas al menos una vez, y el 36% habían mantenido relaciones sexuales con policías para evitar la detención.