El presidente Martín Vizcarra debe promover una investigación imparcial que determine la compatibilidad del indulto con el derecho internacional y, en caso de ser contrario, tomar todas las medidas necesarias para asegurar su revocación. Amnistía Internacional hace este llamado con motivo del 5 de abril, fecha en la que familiares de las víctimas de los casos Cantuta, Barrios Altos y organizaciones de la sociedad civil recuerdan a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por Alberto Fujimori.
“Es necesario que el presidente Vizcarra demuestre su compromiso con la justicia, verdad y reparación para las víctimas del conflicto armado interno abordando de manera inmediata la demanda de las víctimas de los casos Cantuta y Barrios Altos para que se investiguen las condiciones en que se otorgó el indulto a Alberto Fujimori” dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.
Amnistía Internacional expresó su preocupación ante las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los efectos del derecho de gracia y el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Actualmente, la organización promueve una petición solicitando al estado peruano que se revoque el derecho de gracia otorgado al expresidente, debido a su incompatibilidad con las obligaciones internacionales de Perú y la obligación del estado de respetar el derecho a la justicia de las víctimas del caso Pativilca. Asimismo, ha instado al estado a consultar con las víctimas del conflicto armado interno sobre cualquier medida que afecte su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación, y cumplir de buena fe y de manera íntegra con sus obligaciones de derecho internacional, en particular las sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Amnistía Internacional constató de manera fehaciente que durante el gobierno de Alberto Fujimori se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional –tales como torturas, homicidios y desapariciones forzadas– que, dado su carácter generalizado y también sistemático, constituyeron crímenes de lesa humanidad.
En diciembre de 2017, en contra de las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos y de las promesas voluntarias formuladas por Perú al presentar su candidatura a las elecciones al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 2018, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió el indulto al expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, así como el derecho de gracia, que extinguía todos los procesos penales que se seguían contra él. Esta medida tiene graves consecuencias para el derecho de las víctimas de crímenes de derecho internacional y de violaciones graves de derechos humanos a verdad, justicia y reparación.
Incluso concedido por razones humanitarias, un indulto constituiría también un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en caso de que impidiera el cumplimiento efectivo de las penas de personas declaradas culpables de violaciones graves de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional.