(Lima, 10 de noviembre de 2021). A un año de las movilizaciones de noviembre de 2020, Amnistía Internacional demanda a las autoridades administrativas y judiciales de Perú, esclarecer, sin más dilaciones, las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales. En ese sentido, insta al Congreso de la República a procesar, sin demoras, la denuncia constitucional contra los exfuncionarios implicados, y así facilitar la investigación judicial.

El 14 de noviembre de 2020, los agentes del orden, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, ocasionaron la muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez en Lima, así como graves lesiones a numerosas personas que se manifestaron de manera pacífica entre el 10 y 14 de noviembre.

Diferentes organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, verificaron que durante las manifestaciones, agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, incluyendo disparos de municiones y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos. Además, se presentaron investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante esos días, que determinan la responsabilidad de la fuerza pública. Sin embargo, a casi un año de estos trágicos hechos, aún no hay justicia, verdad y reparación para las víctimas.

Amnistía Internacional exige también al Estado peruano garantías de no repetición y cerrar la puerta al abuso e impunidad policial, derogando de manera inmediata la Ley de Protección Policial (Nº 31012), contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública. En esa línea, pide a las autoridades de justicia que mientras esta norma no sea derogada, no se aplique para ningún caso, incluyendo la violencia policial registrada en noviembre de 2020.

Foto de portada: Juan Pablo Azabache

Contacto con medios de comunicación: Cecilia niezen +51 989 180 327

 

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PROTESTAR PACÍFICAMENTE NO ES UN DELITO
EXIGE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍA DE NO REPETICIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN POLICIAL
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El uso desproporcionado e innecesario de la fuerza de los agentes del Estado ha ocasionado la violación de los derechos humanos de cientos de personas que salieron a protestar pacíficamente en las últimas semanas. Además de la muerte de Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, cientos de personas fueron heridas y otras han denunciado detenciones arbitrarias, malos tratos, secuestro, violencia sexual y criminalización entre otros abusos reportados.


Exijamos verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para las víctimas:



  1. El Estado peruano debe esclarecer todos los hechos y  los responsables de las muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, y cualquier otra violación de derechos humanos, que se ocasionaron producto de la violenta respuesta estatal a la protesta pacífica.

  2. Las autoridades deben investigar y procesar judicialmente a todos los responsables, sean mediatos o inmediatos, de los hechos violatorios a los derechos humanos, y se les sancione con una condena efectiva y proporcional al delito cometido.

  3. Todas las víctimas tienen derecho a que se les otorgue una compensación y otras medidas de restitución de derechos, que les permita resarcir de alguna manera el daño sufrido por los sucesos ocurridos.

  4. Se debe garantizar que dentro del Estado peruano se hagan efectivas todas las medidas necesarias para que estos hechos no vuelvan a suceder.


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