(Lima, 14 de enero de 2021). Amnistía Internacional demanda al Estado peruano que garantice justicia y reparación, de manera oportuna, para todas las víctimas del 14 de noviembre que, ejerciendo su derecho a la protesta, fueron asesinados o heridos por la represión policial. Es fundamental que desde el Estado se reconozca la vulneración cometida, y que las víctimas cuenten con medidas de reparación materiales e inmateriales.
Recordamos que el 14 de noviembre de 2020, las fuerzas de seguridad, haciendo uso desmedido de la fuerza, ocasionaron la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como graves lesiones a decenas de personas que se manifestaban de manera pacífica en Lima. En su primer Mensaje a la Nación, Francisco Sagasti, presidente de Perú, pidió disculpas públicas a las víctimas. Además, el Ejecutivo se comprometió a atender a las víctimas. Aunque fue un gesto simbólico importante, estas disculpas no han sido acompañadas de las correspondientes reparaciones que el Estado está obligado a otorgar a las víctimas de estos actos violatorios de los derechos humanos.
Asimismo, a pesar de que diferentes organismos internacionales han presentado investigaciones que determinan la responsabilidad de las fuerzas públicas en la vulneración de los derechos humanos, no se han conocido avances significativos en las investigaciones ni al interior del Ministerio de Interior ni por parte de la Fiscalía. En ese sentido, es esencial que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor celeridad y poniendo todos los medios disponibles para que estos actos no queden impunes.
Nos preocupa que este caso caiga en el olvido. La determinación de responsables es fundamental para que las víctimas de la represión policial alcancen justicia.
Sonia Paredes, directora Campañas e Incidencia de Amnistía Internacional Perú
En diciembre de 2020 se creó una comisión gubernamental multisectorial, de carácter temporal, para el seguimiento de las acciones a favor de las víctimas, pero en este espacio el Estado no ha reconocido expresamente que ha vulnerado derechos humanos. “Al no reconocer su responsabilidad, la formación de esta comisión parece más una medida de solidaridad y coordinación que de reparación, que implique compensación, rehabilitación y garantías de no repetición. Se requiere justicia y reparación para las víctimas”, sostuvo Sonia Paredes.
