• Impunidad puede sentar un precedente nefasto para el derecho de las personas a la protesta pacífica.

Lima, 10 de noviembre de 2022. A dos años de las movilizaciones de noviembre de 2020, Amnistía Internacional reitera su pedido al Ministerio Público y al Poder Judicial de desplegar todos los recursos disponibles para que las víctimas de la represión policial accedan por fin a verdad, justicia y reparación. La organización considera que la impunidad en este caso podría dejar un precedente nefasto para el derecho que tienen las personas en Perú a la protesta pacífica.

Como se recuerda, en un escenario de protestas sociales en diferentes regiones del país, el 14 de noviembre de 2020, los agentes del orden, haciendo uso desproporcionado de la fuerza en Lima, ocasionaron la muerte de los jóvenes Inti Sotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez. Además, causaron graves lesiones a numerosas personas que se manifestaban de manera pacífica.

Amnistía Internacional verificó que en esas manifestaciones los agentes policiales hicieron uso de la fuerza de manera ilegal y contraria a los estándares internacionales, lo cual incluyó disparos de municiones y gas lacrimógeno contra ciudadanas y ciudadanos que protestaban de manera pacífica. Sumado a ello, organismos internacionales presentaron evidencias e investigaciones sobre las graves violaciones de derechos humanos que determinan la responsabilidad de la fuerza pública.

No obstante, el Congreso de la República archivó en junio de este año la denuncia contra los responsables políticos de las muertes de los jóvenes, obstaculizando las investigaciones y enviando a la sociedad un mensaje de impunidad. "Esperamos que pronto se establezcan responsabilidades y que las familias que perdieron a sus seres queridos en noviembre de 2020, así como en otros contextos de movilizaciones en nuestro país, puedan acceder a justicia. Movilizarse pacíficamente es un derecho, no un delito. Lo que es punible es la represión policial”, dijo Sonia Paredes, directora de Incidencia de Amnistía Internacional Perú.

La organización demanda a las autoridades proteger el derecho de toda persona a protestar de manera pacífica en Perú, cualquiera sea su opción política. “Sin acceso a justicia y verdad, este caso puede sentar un precedente nefasto para las personas que protestan pacíficamente por diferentes motivos, quienes ante la impunidad, que en noviembre de 2020 se tradujo en represión policial y muerte, podrían optar por no protestar. Nos preocupa que se dé este mensaje”, advirtió Sonia Paredes.

Amnistía Internacional exige al Estado peruano las garantías de no repetición, cerrando la puerta tajantemente a la impunidad policial y derogando de manera inmediata la Ley de Protección Policial (Ley Nº 31012), publicada en 2020, por ser contraria a los estándares internacionales de uso de la fuerza pública.

Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la fuerza debería utilizarse en casos estrictamente necesarios, de manera proporcional, con un propósito legítimo y sometida a un proceso de rendición de cuentas. No obstante, la Ley de Protección Policial, que establece una presunción de inocencia a favor de la Policía sobre la razonabilidad del uso de la fuerza letal, derogó el artículo del Decreto Legislativo Nº 1186 que establecía el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de personal de la Policía.

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Todas las personan tienen derecho a protestar, a reunirse y a expresar sus opiniones de forma pacífica. A lo largo de la historia, la protesta ha sido un catalizador del cambio y un poderoso medio para decir la verdad al poder. Sin embargo, el derecho a protestar nunca había estado tan amenazado como lo está hoy. El derecho a la protesta está siendo sometido a una amenaza creciente y sin precedentes.


En Perú el derecho a la protesta ha sido atacado muchas veces. No solo se recurre al uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad para reprimir a personas que ejercen su legítimo derecho a protestar, sino que muchas veces los daños ocasionados no son investigados ni se haya a los responsables. Esto inhibe a las personas a seguir ejerciendo este derecho. Uno de los casos más emblemáticos en los últimos años ocurrió entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020, cuando cientos de miles de personas salieron en todo el país a protestar. Amnistía Internacional verificó que agentes policiales hicieron uso ilegal de la fuerza contra manifestantes pacíficos y contraria a estándares internacionales, lo que incluyó el uso de disparos de municiones y gas lacrimógeno. Como consecuencia, el 14 de noviembre del 2020 se produjo la muerte de dos jóvenes (Inti Sotelo, de 24 años; y Bryan Pintado, de 22 años), y decenas de personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad.


Lamentablemente las investigaciones fiscales están paralizadas y el Poder Judicial todavía no ha reconocido a la Sala Penal Nacional como instancia competente para resolver la denuncia penal, debido a la complejidad del caso. Asimismo, pese a que las víctimas, han recibido algunos apoyos económicos y atención en salud, este no ha sido suficiente y muchas siguen teniendo que enfrentar costosos tratamientos de salud. Por último, las garantías de no repetición no han sido suficientes y sigue vigente la ley de protección policial, con lo que nada garantiza que no vuelva a ocurrir y que siga habiendo impunidad en posibles futuros casos similares.



  • Es indispensable que las autoridades garanticen el derecho a la protesta pacífica y, para este caso en particular, exigimos verdad, justicia y reparaciones para las víctimas. Para ello:El Ministerio Público y Poder Judicial debe reanudar de manera inmediata las investigaciones y poner todos los recursos disponibles para esclarecer las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales y movilizaciones del 10 al 15 de noviembre del 2020, y llevar a los culpables ante la justicia.

  • Las autoridades deben establecer garantías de no repetición, como la derogación de la Ley de Protección Policial, contraria a los estándares internacionales sobre uso de la fuerza pública en casos de manifestaciones sociales, de tal manera que se garanticen los derechos humanos en las protestas pacíficas.


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