Un año después de que el grupo punk Pussy Riot interpretara una canción de protesta en la principal catedral ortodoxa de Moscú, la situación de la libertad de expresión no ha hecho más que deteriorarse en Rusia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional. La detención y condena, el año pasado, de las integrantes de Pussy Riot por el dudoso cargo de "vandalismo por motivos de odio religioso" señaló el comienzo de una nueva y severa campaña de represión de los derechos humanos en el país. Desde entonces, el Parlamento ruso ha adoptado varias nuevas leyes dirigidas contra los activistas y quienes critican a las autoridades. "Las nuevas leyes introducidas desde la protesta de las Pussy Riot han otorgado a las autoridades amplios poderes para reprimir a las ONG, los derechos humanos y los activistas políticos en Rusia, y van en contra de las obligaciones internacionales contraídas por el país en materia de derechos humanos", ha manifestado John Dalhuisen, director del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional. "Mientras tanto, dos integrantes del grupo Pussy Riot siguen consumiéndose en una colonia penitenciaria lejos de sus familias -incluidos sus hijos de corta edad-, y nuestro llamamiento por su liberación inmediata continúa." "El gobierno de Rusia no ha cumplido las promesas que hizo a sus ciudadanos hace 20 años, tras el colapso de la Unión Soviética. Necesita desesperadamente demostrar su compromiso de proteger y defender los derechos humanos, y debe dejar de difundir el argumento falso de que las libertades civiles y la estabilidad social, económica y política son incompatibles en Rusia." Nuevos ataques contra la libertad de expresión En junio de 2012, las autoridades rusas introdujeron nuevas normas restrictivas sobre las protestas públicas, para las que establecieron multas excepcionalmente elevadas, de hasta 32.000 dólares estadounidenses. Ese mismo mes, volvió a introducirse en el Código Penal el delito de difamación -despenalizado tan sólo unos meses antes-, con multas más fuertes que antes. En noviembre de 2012 se introdujo una nueva ley que obliga a las ONG que reciban fondos del extranjero a inscribirse como "agentes extranjeros". Esto no sólo impone a estas organizaciones una carga administrativa adicional, sino que, lo que es más importante, puede crear una percepción negativa de sus actividades a causa de las connotaciones negativas que la expresión "agente extranjero" tiene en lengua rusa. Ese mismo mes se introdujo también una amplia definición nueva de "traición", que podría criminalizar los derechos humanos y el activismo político. Y, en diciembre, el Parlamento ruso aprobó la denominada ley "Dima Yakovlev", que imponía severas restricciones adicionales a las ONG e introducía medidas discriminatorias contra las personas con doble ciudadanía rusa y estadounidense. Duras penas para las Pussy Riot Mientras se desplegaban estos cambios legislativos, las autoridades rusas juzgaron, declararon culpables y condenaron a fuertes penas a las tres integrantes del grupo Pussy Riot por su protesta en la catedral de Moscú. En agosto de 2012, tras varios meses de detención preventiva y procedimientos judiciales injustos, las integrantes de Pussy Riot, Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekhina y Ekaterina Samutsevich, fueron condenadas a dos años de reclusión en una colonia penitenciaria por su participación en la protesta. Ekaterina Samutsevich quedó más tarde en libertad condicional, tras la apelación. Amnistía Internacional ha llamado la atención hacia las condiciones en las que Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alekhina permanecen recluidas. Maria Alekhina recibió amenazas y tuvo que ser recluida en régimen de aislamiento. El periodo máximo que puede permanecer aislada -tres meses- expirará en breve, por lo que las autoridades de la colonia penitenciaria deben buscar otras opciones. Nadezhda Tolokonnikova sufre problemas de salud que, al parecer, se han agravado desde que está bajo custodia. Aunque se le está proporcionando cierta atención médica, su salud podría deteriorarse aún más. Ambas mujeres tienen hijos de corta edad que podrían verse privados del contacto completo con sus madres durante otro año más.